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Tiendologuia.comUno de los delitos que más confusión genera entre la población es el delito de tráfico de drogas. Son muchas las personas que consumen pequeñas cantidades de sustancias que no son consideradas como graves para la salud, como por ejemplo la marihuana, frente a otras que consumen drogas mucho más dañinas, como la cocaína.

Nosotros no vamos a entrar a pronunciarnos sobre lo aconsejable o no de cualquier consumo, pero lo cierto es que el propio consumo, NO ES DELITO.

En España el delito de tráfico de drogas aparece recogido en el Código Penal bajo el epígrafe “De los delitos contra la salud pública”, artículos 368 y 372, constituyendo el factor de distinción la gravedad de los daños que determinada sustancia pueda ocasionar en la salud de las personas.

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Tiendologuia.comHay impuestos e impuestos. Ninguno está entre las cosas preferidas de los ciudadanos pero muchos son comprensibles, hasta útiles. Necesarios.

Y existen otros injustos, incomprensibles y muy alejados del sentido común. Destaca entre éstos últimos el impuesto de Plusvalía municipal, ese que nuestros ayuntamientos nos cobran cuando vendemos un inmueble, con independencia de si ha habido ganancia patrimonial o no.

Pues bien, la situación ha pegado un vuelco; el Tribunal Constitucional acaba de dictar una sentencia mediante la que resuelve que cuando no hay incremento de valor en el terreno los contribuyentes podrán reclamar la plusvalía municipal a los ayuntamientos. Para ello, tendrán que iniciar un procedimiento de reclamación de ingresos indebidos, basándose en la no existencia de plusvalía en el valor de los terrenos, que la anterior normativa consideraba que se producía siempre, pero que el Tribunal Constitucional ha desmentido.

Durante la reciente crisis económica, miles de ciudadanos se vieron obligados a vender por debajo del precio de compra. Esto era síntoma de una minusvalía en el valor de los terrenos que, aún así, obligaba a muchos españoles a ingresar el Impuesto de Plusvalía o IVITNU. Una plusvalía ficticia que el Tribunal constitucional declara inconstitucional por ir en contra de la capacidad económica del contribuyente en aquellos supuestos en los que dicha capacidad económica sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia.

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Tiendologuia.comLa Audiencia Provincial de Zaragoza ha fallado la primera sentencia en la que se condena a una entidad bancaria a reintegrar al cliente los gastos correspondientes a la formalización de la hipoteca entre los que se encuentran los de notaría, gestoría, registro o Actos Jurídicos Documentados.

Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza es la primera dictada y que sigue el criterio que marcó el Tribunal Supremo en su sentencia del 23 de diciembre de 2015 en la que se declaraban nulas las cláusulas que obligaba a los clientes a asumir diversos gastos.

De acuerdo con ambas sentencias, “quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo (artículo 517 LEC), constituye la garantía real (arts. 1875 CC y 2.2 LH ) y adquiere la posibilidad de ejecución especial ( art. 685 LEC )”.

Queda establecido que uno de los pagos más importantes -notario y registro-, que tradicionalmente han sido asumidos por los clientes al firmar su hipoteca deberían haber sido asumidos por el banco dado que, en realidad, estos gastos van dirigidos a asegurar la recuperación del dinero prestado y, únicamente benefician a la entidad financiera.

La sentencia también declara nulas otras cláusulas, entre ellas las que aluden al pago por el cliente de los Actos Jurídicos Documentados.

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Tiendologuia.com - El origen del derecho de audiencia lo encontramos en el artículo 9 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, según el cual: “Todos los menores tienen derecho a ser oídos en los procedimientos en los que se traten asuntos de su interés“. En el mismo sentido se pronuncia la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, de la que España es parte.

Para que se lleve a cabo este medio de prueba, a criterio de algunos o actuación judicial, según otros, es preciso que el Juez valore prudencial y motivadamente que concurren los siguientes requisitos:
- Que se trate de un procedimiento en el que se adoptará una decisión que afecta a la esfera personal, familiar o social del menor.
- Que el menor tenga madurez suficiente.
- Que sea conveniente a su interés ser oído.
- Que no sea contraproducente ni le ocasione un perjuicio.

Es en los procesos de familia donde dicho Derecho cobra total protagonismo, el artículo 770.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos dice que, si el procedimiento fuere contencioso y se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o del propio menor, se oirá a los hijos menores o incapacitados si tuviesen suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años.

En cuanto a la forma en que se debe hacer esta audición, hay ciertas premisas que deben tenerse en cuenta:
1) Previamente se debe ofrecer al menor una información veraz, completa y adecuada a las condiciones de edad y madurez del mismo, sobre lo que se esta decidiendo en dicho proceso judicial y en qué medida le va a afectar.

2) La audiencia de los menores se debe realizar respetando las condiciones necesarias de discreción, intimidad, seguridad y ausencia de presión, que salvaguarde al máximo la dignidad y personalidad del menor. Evitándole en la medida de lo posible sufrir la sensación de estar traicionando a uno u otro progenitor o de tener que elegir entre uno y otro progenitor.

3) Se debe hacer en un lugar adecuado y cómodo, que hoy por hoy será el despacho del juez y entre otras, una sala adecuada y debidamente equipada para realizar estas audiencias.

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Cuando se produce la ruptura del matrimonio, qué hacer con la vivienda familiar es una cuestión, que además de frecuente, provoca muchas fricciones y situaciones dudosas.

Durante la vigencia de la sociedad de gananciales, no sólo puede suceder que los cónyuges adquieran un inmueble, sino que se pueden presentar diferentes escenarios, tales como la construcción de una vivienda sobre terrenos que pueden tener carácter ganancial o privativo.

Por ello vamos a analizar aquellos supuestos que se producen normalmente:

1.Cuando la vivienda pertenece a uno de los cónyuges antes de contraer matrimonio, y por tanto antes de constituir la sociedad de gananciales, será considerada vivienda familiar privativa.

2.Igualmente se considerará vivienda familiar privativa  en el caso de que se hubiese comprado y pagado la vivienda (que después constituirá el domicilio familiar) mediante documento privado por uno de los cónyuges antes de la sociedad de gananciales, aunque se hubiese escriturado con posterioridad.

3.La vivienda adquirida por herencia, será privativa de aquel que la hubiese heredado.

4.Si la vivienda familiar fue adquirida con dinero obtenido por la venta de un bien privativo, será considerada como bien privativo de aquél de los cónyuges del que procediese el dinero.

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