El 24 de enero los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) convocaron una huelga que, desde entonces, viene causando efectos devastadores en los juzgados y tribunales.
¿Qué son y qué hacen?
El cuerpo de letrados de la Administración de Justicia (LAJ), antes denominados secretarios judiciales, se encuentra formado por 4.760 funcionarios, perteneciendo al Ministerio de Justicia.
Las funciones generales que se les atribuyen son las del ejercicio de la fe pública judicial (como los notarios, pero en el ámbito judicial), son responsables de la documentación del juzgado, con funciones procesales, siendo directores de la oficina judicial, encargados de las cuentas de depósitos y consignaciones del juzgado y de la colaboración y cooperación con otros órganos y administraciones.
¿Qué reivindican?
Una de las principales reivindicaciones planteadas en esta huelga consiste en percibir un 85% de la remuneración salarial de jueces y magistrados. Esto supondría un incremento medio de aproximadamente 600 euros mensuales. Los LAJ pertenecen al grupo A1, el más alto en el escalafón de la Administración y su salario oscila entre los 37.697 los 58.979 euros, según datos del Ministerio de Justicia.
¿Cuál es la postura del Ministerio?
La Ministra de Justicia mantiene que ésta no es una huelga de trabajadores con dificultades para llegar a fin de mes, sino de personas privilegiadas, con salarios muy elevados, comparando esta huelga con aquella llevada a cabo por los controladores aéreos. En conclusión, el Gobierno exige el cese de la huelga para retomar las conversaciones, a lo que los convocantes se oponen.
¿Cuáles son sus consecuencias?
Hasta la fecha la huelga de los LAJ ha supuesto la cancelación de más de 195.000 juicios en juzgados y tribunales de toda España, de más de 290.000 demandas pendientes de ser admitidas a trámite, además de la paralización de más de 790 millones de euros en las cuentas judiciales de todo el país. Pero, como además de actuar en los juzgados, estos funcionarios son garantes en los procesos electorales, el paro de este cuerpo funcionarial, de no desconvocarse antes, podría incluso afectar las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.
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